LA DEUDA PÚBLICA EN SALUD asciende a los $40.1 billones de pesos.
- Iván Almeyda
- 18 ago 2020
- 4 min de lectura
Tuve que toparme con un informe de la Procuraduría General de la Nación para conocer, el grave estado económico, administrativo y humanitario que afronta el Sistema de Salud Colombiano creado con la Ley 100 de 1993. Aunque pensándolo bien puedo estar exagerando, quizás ya sabía desde antes, desde ese mismo instante en que afronté una fila descomunal para autorizar un clásico medicamento para el hipotiroidismo, y en la que oí, cómo un anciano con voz quebradiza y casi agonizante, se quejaba de que su medicamento no estaba incluido en el POS, o cómo le decía su contemporáneo que se devolvía para su casa a esperar su declive, pues ya estaba cansado de perder la venida, o mejor aún, cómo la doña insuflaba improperios y maldiciones que lograban invocar a todos sus demonios, denunciando a viva voz que su anterior EPS había sido liquidada, y en que en la nueva, en la cual ya no sería bien recibida, le estaban mamando gallo con los trámites que venía realizando. ¡Año Nuevo Vida Nueva! ¡EPS nueva, NUEVOS trámites!.
Sin duda alguna, la prestación del servicio de salud en Colombia, se ha apartado años luz de su finalidad Y/o etiología constitucional, la cual era proveer calidad de vida, trato decente, humano y desinteresado, que correspondiera a las fines y principios propios que perseguía el Estado, pero(…) ¿Cuándo dejó de ser prioridad la prestación de un servicio de salud eficiente y digno?, efectivamente, el Estado tiene en su haber unos deberes constitucionales, tales como garantizar la salud, la dignidad humana, la vida y la salubridad (entre otros derechos relacionados), los cuales eran prestados directamente por parte del ESTADO a través de una red de entidades públicas. ESTADO proporcionaba los recursos –IPS recibían unos recursos por el servicio prestado– USUARIO recibía un tratamiento, sistema el cual, si bien también presentaba sus fallas, manifestaba a simple vista, un proceso más simplificado que podía responder más eficientemente a los imprevistos que se presentaban diariamente en el escenario médico. (Pudo ser objeto de modificación estructural más no esencial).
Empero, con la adjudicación de la criticada ley 100 de 1993, se creó un Sistema en donde las empresas particulares IPS PRIVADAS – CLÍNICAS PRIVADAS – IPS PÚBLICAS – IPS MIXTAS, reciben dinero por los servicios médicos prestados y efectivamente facturados, por parte de unos intermediarios denominados EPS (Mayoritariamente Privadas con Participación de Capital Público), los cuales a su vez, reciben recursos del Sistema de Salud Público (ESTADO), identificándose claramente, como aquel mecanismo trae consigo un nuevo agente en la cadena de salud que a nuestro criterio, tiende a ser innecesario.
ESTADO – EPS – IPS – USUARIO.
Y es que precisamente, el hecho que el Estado no presta directamente el Servicio Público de Salud, sino que lo hace la empresa privada, hace que la naturaleza lucrativa de estas últimas, le entreguen prioridad a rentabilizar los recursos que reciben para la administración y el manejo de servicios en salud.
De cualquier forma, las cifras hablan por sí solas, la corrupción en el manejo de los recursos de salud, la contratación irregular por parte de los ordenadores del gasto público y demás factores en los cuales han incurrido los gerentes de EPS PRIVADAS, han originado un reporte indeseable pero que se debe dar a conocer:
Deuda Pública en Salud.
“- Con las instituciones privadas las cuentas son de $28 billones, con las clínicas y hospitales públicos de $11.4 billones.
- Las EPS activas adeudan más de $19.5 billones de pesos y las inactivas o en liquidación deben más de $4.6 billones.
- Bogotá es el mayor deudor a la red pública y privada del país, con un saldo de $237 mil millones.
- El Ministerio de Salud ha ejecutado un poco menos de medio billón de pesos ($443.495.055.780) para la atención de enfermedades causadas por el covid-19.
La Procuraduría General de la Nación advirtió que la deuda con las IPS privadas, públicas y mixtas del país asciende a más de $40.1 billones, lo que afecta gravemente la prestación de servicios médicos asistenciales y el derecho a la salud de los colombianos.
En informe preventivo, el Ministerio Público indicó que la deuda con las instituciones privadas es de $28 billones, con las clínicas y hospitales públicos de $11.4 billones, y con los establecimientos de carácter mixto, la cartera en mora es de $590.261.411.290.
Las Entidades Promotoras de Salud activas adeudan más de $19.5 billones. Las que registran los montos más altos de cartera son la Nueva EPS ($3.957.728.747.984), Medimás EPS ($2.181.093.604.499), Coomeva EPS ($1.685.145.256.324), Asmet Salud EPS ($966.227.371.206) y Coosalud EPS ($931.678.792.306)”
La PGN identificó que las EPS inactivas o en liquidación tienen una cartera en mora de $4.6 billones, y que las cinco con mayores cuentas por pagar son Cafesalud ($1.394.369.003.057), Saludvida ($947.279.585.921), Saludcoop ($686.964.938.188), Empresa Mutual para el Desarrollo Integral de la Salud -Emdisalud- ($465.416.000.330), y la Caja de Compensación Familiar de Córdoba -Comfacor- ($308.188.756.278)”.
Además se debe mencionar, que ha habido inejecución de los recursos asignados para atender la pandemia por parte del Ministerio de Salud, los cuales ascienden a $8.2 Billones.
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